miércoles, 13 de marzo de 2013
"Sabinito"
Hijo de Sabino también fue torturado
POR CONFLICTOVE – MIÉRCOLES, 13 DE MARZO DE 2013
PUBLICADO EN: DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS
En horas de la mañana de ayer en la Fiscalía General del estado Zulia el hijo del cacique yukpa Sabino Romero, “Sabinito”, denunció torturas ejecutadas por el Ejército. Según el testimonio que brindó, en un carro Tiuna, placas EU7243, un teniente de apellido Pérez amarró y torturó a Sabinito y a sus acompañantes: Isidro Romero y Vicente Anane.
Lusbi Portillo, coordinador de la ONG Homo Et Natura, y el abogado Leonel Galindo acompañaron a Sabinito a realizar la denuncia ante el Fiscal Superior de Maracaibo.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, ante el hecho publicó en su cuenta de twitter: “Luego de la denuncia que está presentando Sabinito, ¿seguirá la Fiscal General afirmando que en este país no se practica la tortura? El Ejército Bolivariano, una vez más, reitera cuáles son los intereses a los que siempre ha servido”, escribió.
El padre del denunciante, Sabino Romero, fue asesinado el pasado domingo 3 de marzo alrededor de las 7:00 pm en el municipio Machiques de Perijá, estado Zulia, luego de una larga lucha por las reivindicaciones legales y sociales de los yukpas. Según versiones oficiales, el vehículo donde se trasladaban él y su esposa fue interceptado por dos motorizados que le efectuaron una ráfaga de tiros.
Tan sólo han transcurrido 12 días del asesinato y la familia Sabino denuncia nuevas agresiones.
Aunque la Asamblea Nacional anunció que se discutiría en sesión la muerte de Sabino, el diputado José Luis González (PSUV) propuso modificar el orden del día y hasta la fecha no se ha realizado.
ConflictoVe Fuente: TalCual, 13 de Marzo de 2013, pág 5
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martes, 5 de marzo de 2013
El irreductible
Sabino Romero, el irreductible
El cacique asesinado se había enfrentado a los hacendados, pero también a las autoridades gubernamentales. Acusó a la ex ministra Nicia Maldonado de acallar sus reclamos con bolsas de comida
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EDGAR LÓPEZ
5 DE MARZO 2013 - 07:46 AM
El cacique Sabino Romero se convirtió en el líder más prominente de la lucha de los yukpas por sus tierras porque afrontó el acoso sistemático del poder económico y político que se ejerce anárquicamente en la sierra de Perijá y nunca pudieron doblegarlo.
Romero, su compañera Lucía y sus doce hijos eran de los indígenas que hasta finales de los años noventa se trasladaban a Caracas, improvisaban un campamento en los alrededores del Nuevo Circo y pedían limosnas en las calles del centro de la ciudad. A partir de 1999, con el aval de la consagración constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, los traslados de los yukpas a la capital adquirieron un sentido más digno: ya no golpeaban las ventanas de los carros para obtener alguna moneda, sino que se agolpaban ante las oficinas gubernamentales para exigir el cumplimiento de la carta magna.
Frente a la ineficiencia del Estado en la demarcación y adjudicación del territorio que ancestralmente pertenece a los yukpas, Romero y los más aguerridos caciques de la etnia emprendieron en 2004 la ocupación forzosa de 15 haciendas. Desde ese momento, el liderazgo de Sabino Romero aumentó al mismo ritmo que el riesgo de ser asesinado.
Hasta en Ginebra se denunciaron las amenazas de muerte contra Sabino Romero. Hace un mes y medio, Zenaida Romero, una de las hijas del cacique, advirtió ante la Relatoría para los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas que los sicarios contratados por los hacendados tenían como principal objetivo liquidar físicamente a su padre y, de esa forma, detener el avance de los yukpas en la recuperación de las tierras que reclaman.
Cuando la joven de 23 años de edad, que se perfila como heredera política de Sabino Romero, hizo la advertencia ante la ONU, el conflicto en la sierra de Perijá sumaba siete asesinatos: José Manuel Romero, padre de Sabino Romero, de más de 100 años de edad, quien aseguran los yukpas fue salvajemente golpeado por peones del hacendado Alejandro Chávez Vargas el 12 de agosto de 2008 y murió una semana después; Darío Segundo García Fernández, primo del cacique Alexander Fernández, asesinado en 2010 a manos de un parcelero wayúu, según afirman sus familiares; el cacique Alexander Fernández (aliado de Sabino Romero), a quien policías habrían torturado y vaciado los ojos antes de matarlo el 23 de junio de 2012; Wilfredo Romero y Lorenzo Romero, ultimados supuestamente por los mismos grupos que de manera permanente asedian a los indígenas; y Hevert García y Mireya Romero, muertos en un altercado entre los líderes de las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha, el 13 de octubre de 2009, un día después de que el Ejecutivo anunció la asignación de lotes de tierras en la sierra de Perijá que agudizaron las disputas.
Excepto el caso de Hevert García y Mireya Romero (por el cual los caciques Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero estuvieron 17 meses presos, y fue resuelto conforme con la jurisdicción indígena) el resto de las muertes permanece impune.
Sabino Romero, como la mayoría de los yukpas, era chavista. El apoyo al Presidente es tal que incorporaron a su lengua un vocablo que significa "mi padre" para referirse a Hugo Chávez. Sin embargo, el cacique de la comunidad Chaktapa (como renombró la hacienda Tizina que ocupó a la fuerza y convirtió en su trinchera) se enfrentó al Gobierno y en particular a la ex ministra de Pueblos y Comunidades Indígenas Nicia Maldonado, a quien acusó de debilitar la lucha mediante la administración de los programas sociales del Ejecutivo a modo de premio y castigo.
Extraoficialmente ha trascendido que a Sabino Romero lo asesinaron tres motorizados que le dispararon el domingo pasado a las 7:00 pm, cerca de la iglesia de El Tokuko, el mayor centro poblado de la sierra de Perijá. El cacique de Chaktapa y su mujer se habían trasladado hasta El Tokuko para participar en la elección del cacique mayor de la zona.
"Esa cosa de los caciques mayores es un invento de Nicia para dividirnos. En la sierra hay 167 caciques, pero el Gobierno sólo habla con los 5 caciques mayores, que son empleados de Nicia. Ellos son los que manejan las misiones del Gobierno. A los yukpas que reclaman sus derechos no nos dan nada y nos estamos muriendo de hambre. Pero no nos van a comprar con bolsas de comida", dijo Romero en noviembre de 2012, la última vez que se trasladó a Caracas.
En esa ocasión tardaron 30 horas en llegar a la capital, pues fueron detenidos varias veces por militares. "Nos quieren callar la boca. A mí me tienen amenazado", volvió a denunciar esa vez el cacique Sabino Romero sin que ninguna autoridad del Estado le prestara atención ni hiciera lo necesario para resguardar su vida.
ONG piden investigación y protección
Las organizaciones no gubernamentales que integran el Foro por la Vida, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes y el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara coincidieron en dos peticiones: investigar y determinar la autoría material e intelectual del homicidio de Sabino Romero y garantizar la protección de los yukpas que luchan por las tierras de la sierra de Perijá.
"Se venía alertando de la existencia de una alarmante espiral de violencia en la sierra de Perijá, la cual resultaba cada vez más incontrolable por parte de las autoridades nacionales y regionales, dando cuenta de un enorme vacío institucional en la zona. La muerte del cacique Sabino Romero pone en evidencia la ausencia de un Estado que reconoció derechos y que los usurpa al criminalizar la reivindicación indígena por sus territorios", indicaron los activistas de la ULA.
El Foro por la Vida destacó que los riesgos de muerte se extienden a los luchadores sociales que apoyan a los indígenas, particularmente a Lusbi Portillo, de la Sociedad Homo et Natura.
Desde Lara se recordó que en noviembre de 2010 el entonces vicepresidente Elías Jaua anunció una "hoja de ruta" que ha sido inútil para resolver el conflicto yukpa.
El cacique asesinado se había enfrentado a los hacendados, pero también a las autoridades gubernamentales. Acusó a la ex ministra Nicia Maldonado de acallar sus reclamos con bolsas de comida
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EDGAR LÓPEZ
5 DE MARZO 2013 - 07:46 AM
El cacique Sabino Romero se convirtió en el líder más prominente de la lucha de los yukpas por sus tierras porque afrontó el acoso sistemático del poder económico y político que se ejerce anárquicamente en la sierra de Perijá y nunca pudieron doblegarlo.
Romero, su compañera Lucía y sus doce hijos eran de los indígenas que hasta finales de los años noventa se trasladaban a Caracas, improvisaban un campamento en los alrededores del Nuevo Circo y pedían limosnas en las calles del centro de la ciudad. A partir de 1999, con el aval de la consagración constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, los traslados de los yukpas a la capital adquirieron un sentido más digno: ya no golpeaban las ventanas de los carros para obtener alguna moneda, sino que se agolpaban ante las oficinas gubernamentales para exigir el cumplimiento de la carta magna.
Frente a la ineficiencia del Estado en la demarcación y adjudicación del territorio que ancestralmente pertenece a los yukpas, Romero y los más aguerridos caciques de la etnia emprendieron en 2004 la ocupación forzosa de 15 haciendas. Desde ese momento, el liderazgo de Sabino Romero aumentó al mismo ritmo que el riesgo de ser asesinado.
Hasta en Ginebra se denunciaron las amenazas de muerte contra Sabino Romero. Hace un mes y medio, Zenaida Romero, una de las hijas del cacique, advirtió ante la Relatoría para los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas que los sicarios contratados por los hacendados tenían como principal objetivo liquidar físicamente a su padre y, de esa forma, detener el avance de los yukpas en la recuperación de las tierras que reclaman.
Cuando la joven de 23 años de edad, que se perfila como heredera política de Sabino Romero, hizo la advertencia ante la ONU, el conflicto en la sierra de Perijá sumaba siete asesinatos: José Manuel Romero, padre de Sabino Romero, de más de 100 años de edad, quien aseguran los yukpas fue salvajemente golpeado por peones del hacendado Alejandro Chávez Vargas el 12 de agosto de 2008 y murió una semana después; Darío Segundo García Fernández, primo del cacique Alexander Fernández, asesinado en 2010 a manos de un parcelero wayúu, según afirman sus familiares; el cacique Alexander Fernández (aliado de Sabino Romero), a quien policías habrían torturado y vaciado los ojos antes de matarlo el 23 de junio de 2012; Wilfredo Romero y Lorenzo Romero, ultimados supuestamente por los mismos grupos que de manera permanente asedian a los indígenas; y Hevert García y Mireya Romero, muertos en un altercado entre los líderes de las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha, el 13 de octubre de 2009, un día después de que el Ejecutivo anunció la asignación de lotes de tierras en la sierra de Perijá que agudizaron las disputas.
Excepto el caso de Hevert García y Mireya Romero (por el cual los caciques Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero estuvieron 17 meses presos, y fue resuelto conforme con la jurisdicción indígena) el resto de las muertes permanece impune.
Sabino Romero, como la mayoría de los yukpas, era chavista. El apoyo al Presidente es tal que incorporaron a su lengua un vocablo que significa "mi padre" para referirse a Hugo Chávez. Sin embargo, el cacique de la comunidad Chaktapa (como renombró la hacienda Tizina que ocupó a la fuerza y convirtió en su trinchera) se enfrentó al Gobierno y en particular a la ex ministra de Pueblos y Comunidades Indígenas Nicia Maldonado, a quien acusó de debilitar la lucha mediante la administración de los programas sociales del Ejecutivo a modo de premio y castigo.
Extraoficialmente ha trascendido que a Sabino Romero lo asesinaron tres motorizados que le dispararon el domingo pasado a las 7:00 pm, cerca de la iglesia de El Tokuko, el mayor centro poblado de la sierra de Perijá. El cacique de Chaktapa y su mujer se habían trasladado hasta El Tokuko para participar en la elección del cacique mayor de la zona.
"Esa cosa de los caciques mayores es un invento de Nicia para dividirnos. En la sierra hay 167 caciques, pero el Gobierno sólo habla con los 5 caciques mayores, que son empleados de Nicia. Ellos son los que manejan las misiones del Gobierno. A los yukpas que reclaman sus derechos no nos dan nada y nos estamos muriendo de hambre. Pero no nos van a comprar con bolsas de comida", dijo Romero en noviembre de 2012, la última vez que se trasladó a Caracas.
En esa ocasión tardaron 30 horas en llegar a la capital, pues fueron detenidos varias veces por militares. "Nos quieren callar la boca. A mí me tienen amenazado", volvió a denunciar esa vez el cacique Sabino Romero sin que ninguna autoridad del Estado le prestara atención ni hiciera lo necesario para resguardar su vida.
ONG piden investigación y protección
Las organizaciones no gubernamentales que integran el Foro por la Vida, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes y el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara coincidieron en dos peticiones: investigar y determinar la autoría material e intelectual del homicidio de Sabino Romero y garantizar la protección de los yukpas que luchan por las tierras de la sierra de Perijá.
"Se venía alertando de la existencia de una alarmante espiral de violencia en la sierra de Perijá, la cual resultaba cada vez más incontrolable por parte de las autoridades nacionales y regionales, dando cuenta de un enorme vacío institucional en la zona. La muerte del cacique Sabino Romero pone en evidencia la ausencia de un Estado que reconoció derechos y que los usurpa al criminalizar la reivindicación indígena por sus territorios", indicaron los activistas de la ULA.
El Foro por la Vida destacó que los riesgos de muerte se extienden a los luchadores sociales que apoyan a los indígenas, particularmente a Lusbi Portillo, de la Sociedad Homo et Natura.
Desde Lara se recordó que en noviembre de 2010 el entonces vicepresidente Elías Jaua anunció una "hoja de ruta" que ha sido inútil para resolver el conflicto yukpa.
Sabino Romero
La muerte de Sabino
El asesinato del líder de la comunidad yukpa, Sabino Romero, deja al descubierto un episodio de injusticia social, pero también de la aplicación demagógica de políticas indigenistas por parte del actual Gobierno, con las cuales se lanzaron a habitantes del lado venezolano de la Sierra de Perijá a enfrentamientos con hacendados y hasta con las mismas autoridades
HUMBERTO MÁRQUEZ / IPS
Sabino Romero, líder del pueblo yukpa que rechazaba la repartición de tierras dispuesta por el Gobierno nacional, fue asesinado por sicarios en un paraje de la Sierra de Perijá.
Tres sujetos a bordo de motocicletas interceptaron a Romero, de 48 años, y le dispararon la noche del domingo 3 en la carretera rural de El Tokuko, unos 600 kilómetros al oeste de Caracas, cuando se dirigía desde su comunidad de Chaktapa hacia otra vecina donde se elegiría al cacique mayor de la etnia, relató a IPS el antropólogo y activista indígena Lusbi Portillo.
La esposa de Romero, Lucía Martínez, resultó herida, y los individuos que dispararon, huyeron. Sabino murió camino a un hospital y horas después efectivos militares intentaron detener a su hijo del mismo nombre, pero la comunidad lo impidió.
TIERRAS EXPROPIADAS
El pueblo yukpa, de lengua caribe, cuenta actualmente con unas 10 mil personas, la mayoría asentadas en Venezuela y el resto en el lado colombiano de Perijá. Sus integrantes se dividieron en la lucha por la tierra que perdieron en el siglo XX, ante ganaderos y petroleros, en las planicies al oeste del lago de Maracaibo.
El gobierno de Chávez se rehusó a entregar a los yukpas las casi 300.000 hectáreas que estos reivindican como territorio colectivo ancestral, y en cambio asignó bolsones de terreno en Perijá a algunas de sus comunidades.
Esa repartición enfrentó durante años a los yukpas que la aceptan –apoyados en ocasiones por parceleros criollos o de etnias vecinas, como los wayúus, y por las autoridades militares– y a los que la rechazan y denuncian la intención del Estado de preparar la explotación minera del territorio.
EL LIDERAZGO DE SABINO
Sabino Romero era la figura sobresaliente de esa resistencia. En la lucha, yukpas que bajaron de la sierra ocuparon unas 15 haciendas en la zona en los últimos años y pidieron al gobierno que indemnizara a los ganaderos y les entregara esas tierras. Pero las autoridades sistemáticamente rechazaron esa fórmula de avenimiento.
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos, recordó que "el cacique Romero fue reiteradamente criminalizado por autoridades debido a su lucha por la tierra", y exigió una investigación exhaustiva que establezca la autoría material e intelectual de su asesinato.
Las autoridades, por intermedio del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, el gobernador del estado de Zulia, Francisco Arias y la fiscalía, anunciaron que efectuarán una investigación diligente para dar con los responsables del crimen.
Al llegar a Maracaibo, la capital regional, para dirigir las investigaciones, Reverol declaró que el asesinato de Romero "es parte de la violencia de la derecha contra los pueblos indígenas", lo que podría apuntar las investigaciones sobre el gremio de ganaderos.
YUKPAS EN PELIGRO
En los últimos cinco años murieron de manera violenta ocho activistas yukpas, uno de ellos el anciano padre de Sabino, José Manuel Romero, y uno de sus yernos. También un hijo pereció en un choque armado entre yukpas en octubre de 2009, por el que Sabino Romero fue encarcelado durante más de un año y sometido a juicio, aunque finalmente los tribunales aceptaron que fuese la propia justicia indígena la que se ocupase del caso y dictaminase los castigos a quienes participaron en el enfrentamiento.
La confrontación entre yukpas y ganaderos tuvo un atisbo de solución hace dos años, cuando los hacendados aceptaron devolver sus tierras a cambio de que se les pagasen las mejoras efectuadas sobre ellas, pero el gobierno no ha dispuesto los fondos para tal fin.
La tesis oficial ha sido siempre que el Estado "rescata" tierras cuya titularidad ofrezca dudas por lo menos desde 1848, y no se pagan indemnizaciones por esas operaciones con las que el gobierno ha recuperado unos tres millones de hectáreas en todo el país.
Como medida de presión, comunidades yukpa ocupan haciendas y 300 pequeñas parcelas en lo que fueron sus territorios ancestrales, bajo acusaciones -negadas por el ahora asesinado Sabino y sus seguidores- de que en esas operaciones roban ganado y destruyen otros bienes.
Según Portillo, "el presidente Chávez dio la orden de indemnizar a los ganaderos para que entregaran sus haciendas, pero eso no se ha cumplido, generando tensión en la zona".
Además, "en las comunidades hay disgusto por el tipo de títulos que les han entregado a algunas, pues además de segmentar su territorio reconocen derechos de terceros, es decir, de parceleros agrícolas, de ganaderos y, sobre todo, de futuros mineros".
DEFENSORES PERSEGUIDOS
La Sierra de Perijá es rica en yacimientos de carbón -en el lado colombiano de la frontera opera la gigantesca mina Cerrejón- y de otros minerales como tungsteno y coltán. "Una explotación minera a gran escala liquidaría el hábitat de los pueblos indígenas yukpa, barí y japreira", sostuvo Portillo.
Por añadidura, Perijá contiene junto al límite con Colombia una "zona de seguridad" militar, por lo que los indígenas "pueden quedar como el jamón del sándwich, entre las posesiones ganaderas privadas y las militares y mineras del Estado", añadió Portillo.
El antropólogo reclamó protección para la familia de Romero, amenazada de muerte, y el Foro por la Vida hizo otro tanto con él. Portillo, de la organización indigenista Homo et Natura, y la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, están sometidos a juicio por presunta violación de leyes de protección a la infancia, por avalar que niños indígenas hayan participado en 2011 en una manifestación de apoyo a Sabino y al pueblo yukpa, a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
Sabino Romero, líder del pueblo yukpa que rechazaba la repartición de tierras dispuesta por el Gobierno nacional, fue asesinado por sicarios en un paraje de la Sierra de Perijá.
Tres sujetos a bordo de motocicletas interceptaron a Romero, de 48 años, y le dispararon la noche del domingo 3 en la carretera rural de El Tokuko, unos 600 kilómetros al oeste de Caracas, cuando se dirigía desde su comunidad de Chaktapa hacia otra vecina donde se elegiría al cacique mayor de la etnia, relató a IPS el antropólogo y activista indígena Lusbi Portillo.
La esposa de Romero, Lucía Martínez, resultó herida, y los individuos que dispararon, huyeron. Sabino murió camino a un hospital y horas después efectivos militares intentaron detener a su hijo del mismo nombre, pero la comunidad lo impidió.
TIERRAS EXPROPIADAS
El pueblo yukpa, de lengua caribe, cuenta actualmente con unas 10 mil personas, la mayoría asentadas en Venezuela y el resto en el lado colombiano de Perijá. Sus integrantes se dividieron en la lucha por la tierra que perdieron en el siglo XX, ante ganaderos y petroleros, en las planicies al oeste del lago de Maracaibo.
El gobierno de Chávez se rehusó a entregar a los yukpas las casi 300.000 hectáreas que estos reivindican como territorio colectivo ancestral, y en cambio asignó bolsones de terreno en Perijá a algunas de sus comunidades.
Esa repartición enfrentó durante años a los yukpas que la aceptan –apoyados en ocasiones por parceleros criollos o de etnias vecinas, como los wayúus, y por las autoridades militares– y a los que la rechazan y denuncian la intención del Estado de preparar la explotación minera del territorio.
EL LIDERAZGO DE SABINO
Sabino Romero era la figura sobresaliente de esa resistencia. En la lucha, yukpas que bajaron de la sierra ocuparon unas 15 haciendas en la zona en los últimos años y pidieron al gobierno que indemnizara a los ganaderos y les entregara esas tierras. Pero las autoridades sistemáticamente rechazaron esa fórmula de avenimiento.
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos, recordó que "el cacique Romero fue reiteradamente criminalizado por autoridades debido a su lucha por la tierra", y exigió una investigación exhaustiva que establezca la autoría material e intelectual de su asesinato.
Las autoridades, por intermedio del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, el gobernador del estado de Zulia, Francisco Arias y la fiscalía, anunciaron que efectuarán una investigación diligente para dar con los responsables del crimen.
Al llegar a Maracaibo, la capital regional, para dirigir las investigaciones, Reverol declaró que el asesinato de Romero "es parte de la violencia de la derecha contra los pueblos indígenas", lo que podría apuntar las investigaciones sobre el gremio de ganaderos.
YUKPAS EN PELIGRO
En los últimos cinco años murieron de manera violenta ocho activistas yukpas, uno de ellos el anciano padre de Sabino, José Manuel Romero, y uno de sus yernos. También un hijo pereció en un choque armado entre yukpas en octubre de 2009, por el que Sabino Romero fue encarcelado durante más de un año y sometido a juicio, aunque finalmente los tribunales aceptaron que fuese la propia justicia indígena la que se ocupase del caso y dictaminase los castigos a quienes participaron en el enfrentamiento.
La confrontación entre yukpas y ganaderos tuvo un atisbo de solución hace dos años, cuando los hacendados aceptaron devolver sus tierras a cambio de que se les pagasen las mejoras efectuadas sobre ellas, pero el gobierno no ha dispuesto los fondos para tal fin.
La tesis oficial ha sido siempre que el Estado "rescata" tierras cuya titularidad ofrezca dudas por lo menos desde 1848, y no se pagan indemnizaciones por esas operaciones con las que el gobierno ha recuperado unos tres millones de hectáreas en todo el país.
Como medida de presión, comunidades yukpa ocupan haciendas y 300 pequeñas parcelas en lo que fueron sus territorios ancestrales, bajo acusaciones -negadas por el ahora asesinado Sabino y sus seguidores- de que en esas operaciones roban ganado y destruyen otros bienes.
Según Portillo, "el presidente Chávez dio la orden de indemnizar a los ganaderos para que entregaran sus haciendas, pero eso no se ha cumplido, generando tensión en la zona".
Además, "en las comunidades hay disgusto por el tipo de títulos que les han entregado a algunas, pues además de segmentar su territorio reconocen derechos de terceros, es decir, de parceleros agrícolas, de ganaderos y, sobre todo, de futuros mineros".
DEFENSORES PERSEGUIDOS
La Sierra de Perijá es rica en yacimientos de carbón -en el lado colombiano de la frontera opera la gigantesca mina Cerrejón- y de otros minerales como tungsteno y coltán. "Una explotación minera a gran escala liquidaría el hábitat de los pueblos indígenas yukpa, barí y japreira", sostuvo Portillo.
Por añadidura, Perijá contiene junto al límite con Colombia una "zona de seguridad" militar, por lo que los indígenas "pueden quedar como el jamón del sándwich, entre las posesiones ganaderas privadas y las militares y mineras del Estado", añadió Portillo.
El antropólogo reclamó protección para la familia de Romero, amenazada de muerte, y el Foro por la Vida hizo otro tanto con él. Portillo, de la organización indigenista Homo et Natura, y la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, están sometidos a juicio por presunta violación de leyes de protección a la infancia, por avalar que niños indígenas hayan participado en 2011 en una manifestación de apoyo a Sabino y al pueblo yukpa, a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
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